Redacción de Monte al Día
En medio del debate en el Congreso de la Nación para extender la emergencia en discapacidad, el Gobierno nacional dio un nuevo paso en el plan de ajuste sobre el sector. A través de la publicación de la Resolución 3695/26 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Poder Ejecutivo formalizó la suspensión de 21.821 pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Si bien la mayoría de los beneficios ya se encontraban interrumpidos desde 2025, la nueva norma da por concluido el proceso de revisión administrativa y ratifica la decisión oficial de mantener cortada la prestación.
Durante la conferencia de prensa ofrecida en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, justificó la medida al señalar que la misma responde a la detección de bienes de elevado valor patrimonial o a inconsistencias en la tramitación del beneficio. Sin embargo, al ser consultado por la prensa sobre si el Poder Ejecutivo radicará las correspondientes denuncias penales por las presuntas irregularidades, el funcionario evitó dar precisiones. “Hasta ahora tengo la información que acabo de señalar. Seguramente se seguirán tomando medidas”, respondió.
Asimismo, Ravier aclaró que la suspensión del pago “no implica determinar que los titulares no presentan una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas”.
Según precisó el portavoz libertario, los beneficiarios alcanzados tendrán la posibilidad de intentar revertir la medida. Para ello, dispondrán de un plazo de 30 días hábiles administrativos para presentar documentación médica y socioeconómica, justificar su ausencia en las auditorías previas o aportar las pruebas correspondientes. “Quien cumpla los requisitos va a seguir cobrando”, prometió el funcionario.
Mientras el trámite burocrático se pone en marcha, más de 20 mil familias continuarán sin percibir el haber en un contexto de creciente incertidumbre para las personas con discapacidad.
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