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Histórico fallo: la Justicia determinó que una joven cordobesa murió por efectos de la vacuna Sputnik V y el Estado deberá indemnizar a su familia

Se trata de la primera resolución judicial en el país que responsabiliza al Estado Nacional por un fallecimiento derivado de las dosis contra el Covid-19. La indemnización fijada ronda los 95 millones de pesos.

Redacción de Monte al Día 

 

En una resolución sin precedentes en Argentina, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dictaminó que la muerte de Melín Agustina Sartori, una joven de 24 años que falleció en julio de 2021, estuvo directamente relacionada con la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. Con este fallo, la Justicia ordenó al Estado nacional otorgar una compensación económica a la familia de la víctima.

El dictamen fue resuelto por los jueces de la Sala A, Eduardo Avalos, Graciela Montesi y Liliana Navarro. Los magistrados consideraron que las pruebas reunidas en la causa acreditan que el deceso de la joven fue consecuencia de una trombosis con trombocitopenia, un cuadro grave de coágulos y bajo conteo de plaquetas asociado formalmente a la inoculación del componente desarrollado en Rusia.

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Los detalles de la indemnización

A raíz de esta sentencia, el Ministerio de Salud de la Nación deberá pagarle a la familia de Sartori una indemnización equivalente a 240 haberes mínimos jubilatorios, una cifra que actualmente se calcula en torno a los 95 millones de pesos.

 

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Además, el tribunal fijó un plazo estricto de 30 días para que la cartera sanitaria concluya los trámites administrativos del Fondo de Reparación Covid-19, el mecanismo creado por ley (N° 27.573) precisamente para responder ante eventuales daños ocasionados por las vacunas de la pandemia.

Un caso sin antecedentes en el país

La demanda fue impulsada por María Virginia Ruiz, madre de Melín, bajo el patrocinio del abogado Martín Barbará. El letrado destacó la importancia del fallo al señalar que se trata del primer antecedente en el país donde los tribunales responsabilizan civilmente al Estado por las consecuencias adversas de la campaña de vacunación de emergencia.

Asimismo, Barbará cuestionó públicamente la gestión de la Sputnik V en aquel momento, afirmando que la vacuna “no tenía farmacovigilancia“, en alusión a la presunta falta de monitoreo continuo para detectar a tiempo este tipo de complicaciones de manera masiva.

 

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