Por Leo Lettieri para Monte al Día
En la política argentina, cambiar las reglas del juego electoral suele responder a una necesidad de poder antes que a una mejora institucional. De cara al debate en el Senado, el Gobierno nacional decidió subir la presión: la eliminación de las PASO ya no es solo un proyecto de ley, sino la condición obligatoria que impone la Casa Rosada para cerrar cualquier pacto político rumbo a las presidenciales de 2027.
La orden salió directo del despacho de Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia, dueña indiscutida de la lapicera partidaria, mandó a avisar a gobernadores y aliados que no habrá términos medios: quien no vote la reforma quedará afuera del armado oficialista. Un funcionario del círculo íntimo presidencial lo resumió sin vueltas: “El gobernador que no apoye, no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos“.
Karina Milei.
Para el oficialismo, tirar abajo las primarias cumple dos objetivos centrales. Por un lado, el más importante para los libertarios, quitarle a la oposición la herramienta principal que hoy tiene para ordenar sus internas y definir candidatos sin romperse. Y, en segundo término, el gobierno pretende marcar terreno legislativo. Léase; Patricia Bullrich busca anotarse una victoria política clave que empuje desde temprano el proyecto de reelección de Javier Milei.
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El problema es el reloj. La Cámara Nacional Electoral ya advirtió que no se pueden cambiar las reglas a último momento, por lo que el debate debe resolverse entre octubre y noviembre. Con los números justos en el recinto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó a cargo de conseguir los votos que faltan provincia por provincia.
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El plan de la Casa Rosada choca contra un límite concreto: la falta de confianza de los gobernadores. Aunque el Gobierno dice que busca cuidar su perfil electoral y evitar mezclas que confundan a sus votantes, también necesita los votos provinciales para sostener su gobernabilidad.
Presidente Javier Milei junto a su hermana Karina Milei.
Puertas adentro del oficialismo, varios operadores reconocen que la jugada es riesgosa. Pesa el antecedente de 2025, cuando el Ejecutivo no cumplió con varios de los pactos sellados con las provincias. Hoy, los gobernadores saben que votar el fin de las PASO significa darle un cheque en blanco al Gobierno a cambio de promesas para 2027 que nadie sabe si se van a respetar.
Al atar una votación del Congreso al armado de las próximas elecciones, el Gobierno apuesta fuerte. Falta ver si los mandatarios provinciales ceden ante la presión o si el ultimátum libertario termina logrando el efecto contrario: unir a la oposición para frenar el proyecto.
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