Redacción de Monte al Día
El fallo judicial que confirmó el sobreseimiento de Javier Milei en la causa $Libra no obró como un punto final, sino como el catalizador de una nueva fase de confrontación. En lugar de procesar la resolución en los márgenes de la moderación institucional, el Presidente optó por capitalizar el dictamen para relanzar su ofensiva contra el periodismo, elevando la tensión con sectores de la prensa tradicional y reconfigurando su disputa con el Poder Legislativo.
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Durante una entrevista radial, el mandatario apeló a una narrativa de agravio moral y reparación histórica al repasar la duración del proceso judicial: “Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días”, afirmó, inscribiendo el caso dentro de una lógica de “operación política y mediática” orientada a erosionar su figura.
El elemento definitorio del mensaje presidencial fue la personalización de las acusaciones. Milei apuntó explícitamente contra el Grupo La Nación, mencionando a su directivo Fernando Saguier y al periodista Hugo Alconada Mon. En el esquema analítico de La Libertad Avanza, la cobertura del caso $Libra no constituyó un ejercicio de investigación ni de interés público, sino una estrategia deliberada de “esmerilamiento“.
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Para sostener su posición, el jefe de Estado citó las gestiones de Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, quien habría presentado documentación en Nueva York para desestimar los señalamientos. No obstante, en un giro pragmático habitual dentro de su dinámica discursiva, Milei atenuó horas más tarde la inminencia de las demandas penales contra comunicadores, supeditando la decisión final al criterio de su equipo legal. Aun así, la sola adscripción del concepto de “periodistas delincuentes” revalida la doctrina de choque frontal con el sistema de medios.
La respuesta de Milei no se agotó en la prensa. El jefe de Estado extendió sus críticas al Congreso de la Nación por la conformación de la comisión investigadora sobre $Libra, calificándola de “disparate institucional” y de un avance indebido del Legislativo sobre las competencias del Poder Judicial.
Este movimiento responde a una constante de la estrategia política del Ejecutivo: invalidar la legitimidad de las instancias de control opositoras catalogándolas como maniobras destinadas a desestabilizar la gestión. Al argumentar que se intentó “generar caos para conseguir favores políticos“, la Casa Rosada busca abroquelar a su base electoral frente a lo que define como un ecosistema hostil compuesto por la “casta” política y mediática.
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