Redacción de Monte al Día
El mantenimiento de los caminos rurales y el cobro de la tasa vial vuelven a estar en el centro de un eterno conflicto en los municipios bonaerenses.
Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados de Buenos Aires este martes ha generado fuerte polémica en el sector agropecuario, debido a que permite a los municipios destinar a la ejecución de obras hidráulicas los fondos que tradicionalmente deberían utilizar para el mantenimiento de los caminos rurales.
Se trata de una iniciativa presentada por el diputado de Unión y Libertad, Sergio Vargas, que habilita por un período de seis meses a las autoridades comunales a utilizar el 100% de lo que reciben de coparticipación del Impuesto Inmobiliario Rural en obras de drenaje pluvial y equipamiento de infraestructura hídrica para mitigar los impactos del fenómeno El Niño.
En este contexto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresaron un enfático rechazo a la iniciativa, advirtiendo que la medida deja sin financiamiento a un aspecto clave que también sufre graves consecuencias durante las intensas lluvias: las redes viales secundarias y terciarias.
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“Entendemos la necesidad de avanzar con obras que den respuesta a los problemas hídricos, pero no se puede resolver una emergencia comprometiendo otra infraestructura esencial para la producción y las comunidades rurales”, subrayó la SRA a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.
Al respecto, la entidad presidida por Nicolás Pino recordó que la red vial rural es fundamental para transportar la producción, garantizar el acceso a los establecimientos educativos y centros de salud, y sostener la vida cotidiana en el interior provincial.
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“Desviar sus recursos, sin garantías concretas de reposición, pone en riesgo el mantenimiento y la transitabilidad de una red indispensable”, consideraron, al tiempo que concluyeron: “Por eso, reclamamos planificación, financiamiento específico y una política de infraestructura que contemple las necesidades del sector productivo”.
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