Redacción de Monte al Día
En una sesión clave para el sector agropecuario, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley que incorpora formalmente la figura del vandalismo rural al Código Penal. La medida, que busca frenar los delitos contra el sistema productivo en el interior del país, establece duras sanciones que van desde multas hasta 10 años de prisión para quienes atenten contra instalaciones, insumos o cosechas.
La iniciativa resultó aprobada con 162 votos afirmativos, 77 en contra y una abstención —correspondiente al diputado de Unión por la Patria, Luis Basterra—. El dictamen de mayoría contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Coherencia y Producción y Trabajo. En contraste, el rechazo provino principalmente de la mayoría del bloque de Unión por la Patria, la Izquierda y el bloque Independencia.
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El texto definitivo se logró tras consensuar una serie de modificaciones entre el autor del proyecto, el diputado del PRO Martín Ardohain, y el legislador massista Ramiro Gutiérrez (UxP), lo que permitió destrabar el apoyo en general de una decena de legisladores.
Un esquema escalonado de sanciones
La reforma penal tipifica con precisión las distintas modalidades de intrusión y daño en los establecimientos rurales:
- Intrusión simple: Se sancionará con prisión de 1 mes a 1 año a quien ingrese a un establecimiento rural o sus dependencias sin autorización o contra la voluntad expresa del titular.
- Intrusión agravada: La pena ascenderá a un máximo de 2 años de cárcel si el ingreso obstaculiza sustancialmente la actividad productiva o pone en peligro la vida o integridad de las personas, así como la sanidad de los animales o cultivos.
- Ataques a la producción e infraestructura: Se imponen de 2 a 8 años de prisión —más una multa de 3 a 12 veces el valor del daño ocasionado— a quien destruya silobolsas o cualquier producto e insumo del proceso agropecuario.
- Pena máxima por estrago productivo: La condena alcanzará los 10 años de prisión si el delito es ejecutado de manera coordinada por tres o más personas y provoca la pérdida total de la producción en curso o paraliza el ciclo productivo, su transporte o comercialización.
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