Redacción de Monte al Día
El gobierno de Axel Kicillof llevó a la Corte Suprema de Justicia la disputa judicial que mantiene con el gobierno nacional por el alquiler de dos locomotoras que data de finales de la década de 1990. La Provincia busca dejar sin efecto lo que calificó como una “escandalosa multa” de USD 3.895.000, que a la fecha de su liquidación equivale a $5.511.425.000.
El origen del conflicto se remonta a agosto de 1999, cuando la Nación le cedió en préstamo por un año dos locomotoras General Motors de trocha media a la provincia de Buenos Aires. Cumplido el plazo, la gestión del entonces gobernador Carlos Ruckauf no devolvió la maquinaria ni abonó el canon mensual, lo que activó una multa de USD 1.000 por cada día de retraso.
Las locomotoras fueron finalmente restituidas a la Nación en diciembre de 2017, durante el cierre de Ferrobaires bajo el mandato de María Eugenia Vidal. Sin embargo, el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones desató la contraofensiva legal de la actual gestión bonaerense debido al criterio utilizado para el cálculo económico.
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La “contradicción” que denuncia la Provincia
Los abogados del Estado bonaerense fundamentan su reclamo ante la Corte en una manifiesta contradicción del tribunal de Cámara. Según la presentación judicial, los jueces reconocieron que las locomotoras fueron devueltas en diciembre de 2017 y fijaron allí el corte del tiempo de la multa. No obstante, al momento de realizar la conversión monetaria, aplicaron el tipo de cambio de febrero de 2026 ($1.415 por dólar), como si los bienes nunca hubiesen sido entregados.
En el escrito, los letrados señalaron que el fallo:
- Desconoce normas federales: Ignora la Ley 25.561, que disponía la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar.
- Es desproporcionado: La deuda principal e intereses reconocidos apenas superan los $3,3 millones de pesos, mientras que la penalidad trepa a más de $5.500 millones.
- Supera el valor real: La condena es exorbitante y excede el valor actual de mercado de las propias locomotoras involucradas.
Intimación de Milei y falta de fondos
La ofensiva de la Provincia en los tribunales coincide con la presión ejercida por la administración de Javier Milei. El gobierno nacional ya presentó la intimación de pago bajo apercibimiento de ejecución, apurando los plazos para que el distrito bonaerense desembolse el dinero.
Ante este panorama, la subsecretaría de Hacienda de la provincia de Buenos Aires emitió un informe técnico advirtiendo sobre el impacto financiero que tendría esta medida. Desde el área económica confirmaron que, debido a la magnitud de la cifra exigida, “no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato”.
A través de este recurso extraordinario, el gobierno de Kicillof solicitó a la Corte que dicte una medida cautelar para suspender la ejecución y los plazos procesales. En caso de que el máximo tribunal no anule las resoluciones, la Provincia solicitó una “morigeración judicial” de la multa, argumentando que la cifra actual resulta irrazonable y contraria a la buena fe.
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