Redacción de Monte al Día
La paralización de la obra pública nacional comenzó a impactar con fuerza en las economías de ciudades del interior, donde el sector de la construcción absorbía una porción clave del empleo local. Frente a este escenario, distintos municipios analizan alternativas para reactivar proyectos y sostener la actividad.
Uno de los casos más representativos es el de Chascomús. Allí, bloques del oficialismo local impulsan la creación de un sistema de consorcios vecinales que permita financiar obras de pavimentación mediante el aporte directo de los frentistas.
La iniciativa, denominada “Programa Municipal de Ahorro Previo para Infraestructura Vial”, será tratada este jueves en el Concejo Deliberante. El proyecto busca establecer una “estrategia de autonomía municipal” ante la interrupción de fondos nacionales destinados a obra pública.
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El programa propone la conformación de “círculos de ahorro” por cuadra o sector, con adhesión voluntaria. Para su puesta en marcha, se requiere que al menos el 70% de los vecinos participe; alcanzado ese umbral, el esquema se vuelve obligatorio para el resto bajo el régimen de contribución por mejoras.
Como mecanismo de resguardo ante la inflación, se plantea la creación de una “Unidad de Metros de Asfalto”, que permitirá a los contribuyentes fijar el valor de la obra en metros cuadrados. De esta manera, quienes adelanten pagos quedarán protegidos frente a futuros aumentos en los costos.
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El plan prevé que los vecinos abonen cuotas hasta cubrir el 50% del valor total de la obra. Una vez alcanzado ese porcentaje, el municipio se compromete a iniciar los trabajos, mientras que el saldo restante se financiará en cuotas posteriores. Además, se ofrece un descuento del 15% para quienes opten por el pago al contado.
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Entre las características técnicas, se prioriza el uso de pavimento articulado y asfalto negro, materiales que presentan menor costo inicial, facilitan las reparaciones y promueven la contratación de proveedores y mano de obra local.
El proyecto también establece que los fondos recaudados serán depositados en una cuenta específica, garantizando que solo se destinen a obras viales y no a gastos corrientes del municipio.
¿Es viable?
Los límites son claros. Requiere alta adhesión (ese 70% no siempre es fácil de alcanzar), capacidad de pago sostenida y confianza en la gestión local. En ciudades con ingresos más bajos o con desgaste en la relación municipio–vecinos, el esquema puede trabarse o avanzar muy lentamente. Además, corre el riesgo de generar desigualdad: las cuadras con vecinos con más recursos avanzan primero, mientras que otras quedan relegadas.
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