Redacción a Monte al Día
El diputado de la provincia de Buenos Aires, Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete de la Nación, presentó una nueva rectificación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA). Se trata de la segunda modificación que realiza en menos de un mes sobre la presentación inicial que debió entregar a principios de año, tras dejar su cargo en el Ministerio de Defensa.
En esta nueva documentación, ingresada el pasado 8 de junio, el legislador bonaerense declaró un valor menor para el 50% de su vivienda ubicada en la localidad de City Bell. Mientras que en la rectificación del 19 de mayo aseguraba que el valor fiscal de la propiedad ascendía a los 67.500.000 de pesos, en esta última presentación lo redujo a 52.600.000 de pesos.
Asimismo, el funcionario incorporó al detalle de sus bienes cinco cajas de ahorro en pesos que suman un total de poco más de 2 millones de pesos, cuentas que habían sido omitidas en sus informes previos, donde solo constaba la tenencia de dinero en efectivo.
Bajo la lupa de la Justicia
Los constantes cambios en los informes patrimoniales de Adorni se producen en medio de una causa judicial en su contra. El diputado provincial se encuentra imputado y bajo investigación del fiscal federal Guillermo Marijuán por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de una denuncia radicada por la diputada nacional Marcela Pagano.
Uno de los puntos centrales que activó la investigación penal es una inconsistencia en torno a sus pasivos: en su declaración anterior, Adorni informó la cancelación total de un crédito hipotecario por un monto de 60.000.000 de pesos en un plazo menor a un año. Ante esto, el fiscal Marijuán ya solicitó medidas de prueba, incluyendo pedidos de informes bancarios, impositivos y patrimoniales, con especial requerimiento al Banco de la Provincia de Buenos Aires sobre los detalles de dicho préstamo.
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La postura de la defensa
Desde el entorno legal del legislador intentaron restarle impacto judicial a las sucesivas modificaciones del patrimonio. En declaraciones televisivas a la señal TN, su abogado defensor, Marcelo Peña, argumentó: “No fue un error, fue una omisión que ya fue subsanada“. El letrado minimizó la situación al asegurar que “es algo que le pasa a cualquier ciudadano“ y dio por cerrado el conflicto al afirmar que el plano administrativo ya se encuentra regularizado.
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