Redacción de Monte al Día
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, bajo la conducción de Javier Alonso, se encuentra en el centro de la escena tras el lanzamiento de una licitación privada para la compra de cascos que despierta fuertes sospechas. El punto de conflicto no es solo el procedimiento, sino un dato contundente: el Estado estima pagar por cada unidad un precio que triplica los valores actuales de mercado.
Los números que no cierran
Según el pliego del proceso N° 170-0566-LPR26, el Ministerio prevé la adquisición de 500 cascos para fuerzas de seguridad por un monto total de $206.000.000. Esto arroja un valor unitario de $412.000.
Al contrastar esta cifra con la realidad comercial, la diferencia es alarmante:
- Segmento estándar (ABS): Los cascos fabricados en resina termoplástica (el material solicitado) oscilan hoy entre los $130.000 y $180.000.
- Gama alta: Incluso los modelos con mejores terminaciones y certificaciones internacionales difícilmente superan los $250.000.
En términos porcentuales, la gestión de Alonso proyecta gastar entre un 60% y un 200% por encima de las referencias razonables, un sobrecosto que, en un contexto de austeridad, genera interrogantes inmediatos sobre el manejo de los fondos públicos.
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Un pliego “vago” que abre la puerta al sobreprecio
Más allá del valor monetario, el documento técnico de la licitación destaca por su ambigüedad. La descripción se limita a pedir “cascos para fuerza de seguridad, material ABS y resina termoplástica“, omitiendo detalles cruciales que definen el precio y la seguridad del agente:
- No especifica si deben ser integrales o modulares (estos últimos suelen ser más caros).
- No detalla qué normas de homologación deben cumplir (DOT, ECE o IRAM).
- No menciona accesorios ni niveles de protección específicos.
Esta falta de rigor técnico es vista por especialistas como una zona gris que permite la dispersión de precios y dificulta la justificación de un gasto tan elevado.
Menos competencia, más dudas
El formato elegido también suma opacidad al proceso. Al tratarse de una licitación privada, la competencia se ve restringida de antemano. Además, el pliego prohíbe más de una oferta por proveedor, lo que limita aún más las opciones del Estado para encontrar mejores precios.
Si bien el contrato establece que el pago es a precio cerrado (sin redeterminación por inflación), la brecha entre los $412.000 presupuestados y los $180.000 del mercado parece exceder cualquier cobertura por riesgo inflacionario a 45 días.
Con la apertura de sobres prevista para el próximo 4 de mayo, el Ministerio de Seguridad queda bajo la lupa por una compra que, a simple vista, parece estar muy lejos de la eficiencia que demanda la administración provincial.
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