Redacción de Monte al Día
A través de su Mesa de Desregulación, el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires trabaja en un proyecto de ley destinado a eliminar 247 registros provinciales creados a lo largo de las últimas décadas mediante diversas leyes, decretos y resoluciones. La iniciativa, denominada por los propios legisladores como una “bomba desregulatoria“, apunta a simplificar los procesos administrativos y reducir los costos operativos que recaen tanto sobre los contribuyentes como sobre las arcas del Estado.
El espacio libertario —cuyo equipo legislativo en la materia está integrado por los senadores Matías De Urraza y Diego Valenzuela, y los diputados Oriana Colugnatti y Francisco Adorni— relevó un total de 279 registros activos en la provincia. Según sus análisis, en 247 de ellos se gestiona información que podría administrarse de forma centralizada utilizando ciencia de datos y tecnología de la información, evitando así que distintas dependencias soliciten de manera reiterada documentación que la administración pública ya posee.
“Necesitamos que el bonaerense deje de trabajar para el Estado y que, además de pagar menos impuestos, ahorre tiempo y dinero en trámites, inscripciones y pedidos de constancias”, señalaron desde el bloque libertario, remarcando que la iniciativa busca unificar trámites más que anular controles esenciales.
Desde la Legislatura ilustraron la superposición de trámites con casos cotidianos del sector productivo y comercial:
- Sector porcino y apícola: Un pequeño productor de baja escala que cría cerdos y comercializa miel debe inscribirse simultáneamente en siete padrones distintos: el Registro de Marcas y Productos Apícolas, el de Establecimientos Procesadores, el de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (PUPA), MiPyMEs, el Registro Ganadero, el de Marcas y Señales, y el de Explotaciones Porcinas.
- Emprendimientos turísticos: Una familia que busque desarrollar un proyecto turístico rural junto a una laguna debe tramitar inscripciones en el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos, el de Guías y Campamentos, el Registro de Control de la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA), el de Paisajes Protegidos, el de Perros Potencialmente Peligrosos y el de PUPA.
Honorable Camara de Diputados P.B.A.
El diagnóstico impulsado por La Libertad Avanza contempla tres ejes de afectación:
- Costos directos para el ciudadano: Pago de tasas fijadas en la Ley Fiscal Impositiva para altas, bajas, modificaciones de datos y emisión de constancias.
- Costo en tiempo: Horas dedicadas a reunir documentación, completar formularios, trasladarse a dependencias públicas y subsanar observaciones. “Cada hora empleada en la realización de un trámite representa tiempo que el ciudadano no puede destinar a producir o descansar”, remarcan.
- Gasto público operativo: Sostenimiento de infraestructura, personal administrativo y sistemas de cada registro.
Según las proyecciones presentadas por el bloque, el funcionamiento básico de una oficina administrativa tipo en La Plata —que incluye alquiler, la remuneración de un director y de dos empleados públicos— representa un costo anual aproximado de $89.710.000 por registro. Al multiplicar este esquema operativo por los 243 registros identificados para su optimización, el costo total para el erario provincial supera los $21.799 millones anuales.
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