Redacción de Monte al Día
La confrontación económica y política entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la administración nacional sumó un nuevo capítulo cuantitativo. En una exhaustiva exposición pública, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, formalizó un reclamo que dimensiona el impacto del plan de ajuste fiscal de la Casa Rosada sobre las cuentas del principal distrito del país. Según el cálculo del Ejecutivo provincial, la deuda estricta del Estado central asciende a $19,1 billones, cifra que trepa a $28,4 billones al computar la merma en transferencias automáticas y la caída de la recaudación tributaria asociada a la recesión.
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Para poner en perspectiva la magnitud del conflicto, Bianco contrastó los números con el diseño financiero local: el rojo total proyectado de $28,4 billones representa poco más del 50% del presupuesto provincial, fijado en 44 billones de pesos. La lectura bonaerense es que la política de superávit de Javier Milei se asienta, en buena medida, sobre un desfinanciamiento estructural transferido a los distritos federales.
El desglose técnico presentado por la administración bonaerense categoriza el reclamo en tres ejes centrales que conforman el núcleo duro de los $19,1 billones:
- Obra pública e infraestructura ($10,1 billones): Constituye el volumen más pesado del pasivo. Involucra la paralización de 108 proyectos directos, retrasos en el plan Casa Propia y el programa Procrear, la detención de obras carcelarias proyectadas para 12 mil plazas, 40 intervenciones de infraestructura en Cultura y Educación, y convenios frenados para 30 proyectos en universidades públicas.
- Deudas directas y transferencias consolidadas ($4,7 billones): El rubro está encabezado por retrasos en los pagos de la ANSES a la caja previsional provincial ($2,8 billones) y compensaciones derivadas del Consenso Fiscal ($1,3 billones). El saldo restante abarca deudas por convenios de asistencia financiera vigentes a 2023 ($76.000 millones), fondos para la Ley de Salud Sexual y Reproductiva ($90.000 millones), desarrollo de infraestructura portuaria ($21.177 millones), Fondo de Incentivo Docente ($154 millones) y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal ($108 millones).
- Programas sociales y transferencias operativas ($4,3 billones): Comprende retrasos operativos en el Fondo de Compensación de Transporte Automotor, partidas para comedores y asistencia alimentaria comunitaria, recursos del FONID, remanentes del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y políticas orientadas a la atención de víctimas de violencia de género.
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El balance presentado por Bianco no solo busca consolidar una demanda contable en un contexto de asfixia financiera para las provincias, sino también construir un argumento político: advertir que la viabilidad fiscal alcanzada a nivel nacional encuentra su contracara en la parálisis de servicios, obras y programas indispensables administrados por el territorio bonaerense.
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