Redacción de Monte al Día
Tras la publicación de la declaración jurada de 2025 del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó un pedido formal ante la Unidad de Información Financiera (UIF). La entidad solicita la apertura de un expediente de inteligencia financiera para evaluar la evolución patrimonial del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, ante la sospecha de que poseen bienes y fondos de origen no justificado.
El documento, dirigido al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, exige aplicar las facultades legales de control intensivo que corresponden a las Personas Políticamente Expuestas (PEP). El objetivo del CIPCE es determinar si corresponde radicar una denuncia ante la justicia penal por presunto lavado de activos.
Manuel Adorni.
Los motivos del pedido de investigación
La solicitud de la ONG especializada en delitos económicos se apoya en tres ejes principales:
- Adquisición de inmuebles: El CIPCE pone la lupa sobre la compra de una casa en un barrio privado en noviembre de 2024 y de un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en noviembre de 2025, ambas operaciones realizadas mientras Adorni ya ejercía funciones públicas.
- Inconsistencias y sospechas financieras: La denuncia menciona la tenencia de altas sumas de dinero en efectivo, el uso de aviones privados junto a contratistas estatales y la realización de operaciones de crédito no bancarias con personas que no tendrían la capacidad económica para otorgarlas. Además, señalan testimonios judiciales que indican que al menos una operación inmobiliaria se habría escriturado por un valor inferior al real.
- La confesión pública del funcionario: El organismo incluyó declaraciones televisivas en las que Adorni admitió haber omitido “por error” en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 que sus ahorros familiares estaban fuera del sistema legal. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, había justificado el funcionario en relación con una suma cercana a los 500.000 dólares.
Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
El alcance de las normativas de control
La presentación, que lleva la firma del director ejecutivo del CIPCE, Pedro Biscay, aclara un punto clave: la adhesión al régimen simplificado de Ganancias de la ley de “Inocencia Fiscal” no anula ni limita las obligaciones de prevención de lavado de dinero ni las facultades de investigación de la UIF.
Asimismo, el organismo recordó que el país se encuentra bajo el seguimiento reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual exige un compromiso estricto en la detección de la corrupción. En este contexto, el CIPCE remarcó que una actuación “diligente y oportuna” sobre un funcionario de alta jerarquía es fundamental para cumplir con los estándares internacionales. Por este motivo, solicitaron un cruce integral de datos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el sistema financiero.
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