Por Monte al Día
Bustos destacó que la normativa nacional impulsa “la creación de dispositivos productivos de gestión no lucrativa, con acompañamiento técnico, legal y financiero del Estado”. Al adherir a esta ley y a su decreto reglamentario 1771/2015, la provincia podría firmar convenios de corresponsabilidad que incluyen una asignación mensual equivalente al 40% del Salario Mínimo Vital y Móvil para cada trabajador con discapacidad empleado en Talleres Protegidos Especiales.
Estos talleres, gestionados por entidades estatales o privadas sin fines de lucro y con personería jurídica, son fundamentales para la inclusión laboral. Actualmente, en la provincia operan más de 170 talleres que emplean a cerca de 4.800 personas con discapacidad. Sin embargo, Bustos señaló que “la mayoría carece de reconocimiento formal y de los recursos necesarios para garantizar condiciones laborales adecuadas”.
El proyecto, impulsado por la legisladora oriunda de Pergamino y candidata a la reelección por la Segunda Sección en la lista de Hechos, cuenta con el respaldo de los diputados del PRO Fernando Rovello y Martín Endere.
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