El Gobierno de Javier Milei anunció el cierre del 40% de los registros automotores del país, con el objetivo de “bajar costos”, lo que llevará a una reducción del 30% del personal de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios.
La medida se inscribe en el marco de “un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas“, que ya se ha implementado en otras áreas del Estado.
En un comunicado, se explica que el proceso de cierre de oficinas “comenzará con aquellos que llevan intervenidos más de 2 años” para luego proceder “con el cierre de los restantes intervenidos”.
En Argentina, hay 1.557 registros de propiedad automotor que, solo en 2023, realizó la gestión de 3.059.285 trámites a nivel nacional, un promedio de 254.940 mensuales. Entre las transferencias o inscripciones, se incluyen automóviles, motocicletas y transporte pesado, así como maquinarias agrícolas.
Los entes, que operan como un servicio público pero bajo gestión privada, tienen la responsabilidad de patentar y documentar todos los cambios en la titularidad de los vehículos que circulan en Argentina, según lo establece el Decreto N°1114/1997.
Esto se alinea con la promesa que hizo el propio presidente Javier Milei de eliminar estos organismos, como parte de su plataforma electoral, donde se criticó que los titulares de los mismos son designados gracias a los privilegios de “la casta”, y tal como se estipula en el proceso de intervención del sector, enmarcado en el DNU 70/2023 de diciembre pasado.
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Además, el Gobierno confirmó que, a partir de mayo, se eliminará la cédula azul, un cambio más que importante para los conductores.
Esto implica que, desde el mes en curso, “cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición, física o digital, de la cédula verde del titular del automóvil“.
También se informó que “se eliminará el vencimiento de todas las cédulas verdes“, documento que, según su definición, permite acreditar que un vehículo puede circular en la vía pública.
Para el titular registral del vehículo, ésta ya no tenía vencimiento previamente, sin embargo tenía una vigencia de un año para las personas autorizadas a conducir el rodado pero que no sean el propietario del mismo, una cuestión que ya no aplicará.
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