Por Leo Lettieri para Monte al Día
Frente al aumento de la conflictividad en las escuelas bonaerenses, la administración de Axel Kicillof decidió trazar una línea discursiva y administrativa para ordenar el reclamo. El Gobierno provincial anunció que evalúa aplicar descuentos salariales a los docentes que se adhieran a huelgas convocadas por agrupaciones que carecen de representación legal formal.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue el encargado de materializar esta postura, introduciendo una categorización entre huelgas legítimas y aquellas que no lo son. Según el funcionario, existe una diferencia sustancial entre las medidas impulsadas por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —conformado por los gremios mayoritarios— y aquellas promovidas por sectores opositores a las actuales conducciones sindicales.
Carlos Bianco.
El mensaje oficial tiene destinatarios claros: Suteba Multicolor, la facción opositora a la conducción provincial del sindicato, y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires. Al señalar que estas agrupaciones no cuentan con la “validación legal que corresponde“, el Ejecutivo busca restarle legitimidad y poder de fuego a la disidencia sindical, que viene sosteniendo una agenda de protesta propia y, en ocasiones, más radicalizada que la de las cúpulas.
La herramienta elegida para desincentivar la adhesión a estos paros paralelos es la económica. Bianco confirmó que la Dirección General de Cultura y Educación tiene sobre la mesa la posibilidad de descontar los días no trabajados, una medida disciplinaria que históricamente genera fuertes fricciones con las bases docentes pero que, en este caso, se aplicaría de manera selectiva.
Esta advertencia del Ejecutivo no surge en un vacío político. Se produce inmediatamente después del paro de 24 horas llevado adelante el último jueves 1° de octubre por los gremios oficiales (Suteba, FEB, Udocba y Amet) en repudio a los recientes episodios de violencia en las escuelas.
La primera medida de fuerza directa contra el gobierno de Kicillof
Sin embargo, la seguridad no es el único eje del conflicto. La tensión de fondo sigue siendo la discusión salarial. Las negociaciones paritarias se encuentran estancadas: en el último encuentro, la Provincia se limitó a presentar un monitoreo de la situación económica sin formalizar una nueva oferta de recomposición, lo que incrementó el malestar en las salas de profesores.
En definitiva, la jugada del gobierno bonaerense persigue un objetivo analítico claro: encapsular el conflicto. Al amenazar con el descuento a las agrupaciones menores, Kicillof intenta evitar que la interna gremial desborde las escuelas, reconociendo como únicos interlocutores válidos a los sindicatos oficiales, con quienes busca mantener un canal de diálogo más previsible en tiempos de ajuste económico.
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