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La Justicia frena el cobro de tasas viales sin mantenimiento y marca un precedente clave para los municipios

Un fallo firme contra un municipios bonaerense ratificó que las comunas no pueden cobrar por la red vial si no demuestran que mantienen los caminos y que usan lo recaudado para ese fin.

Redacción de Monte al Día 

La Justicia bonaerense marcó un límite claro al cobro de tasas municipales: si no hay un servicio real y comprobable detrás, el tributo no es válido. Este criterio quedó firme tras un contundente revés judicial que sufrió el Municipio de Daireaux, cuyo caso se convirtió en un testigo clave para los conflictos que hoy enfrentan a productores rurales y gobiernos locales en toda la provincia de Buenos Aires.

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La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín dejó firme una sentencia que anula —de forma total o parcial— el cobro de la tasa vial a un grupo de productores rurales del distrito. El tribunal rechazó el recurso presentado por la comuna al considerar que carecía de fundamentos suficientes para revisar el fallo original, dictado en marzo de 2026 por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Trenque Lauquen.

El expediente judicial expuso dos fallas graves en la gestión del tributo que funcionan como advertencia para otras administraciones municipales. La primera, un peritaje de ingeniería determinó que el 96% de los caminos rurales relevados se encontraba en estado regular o malo, impidiendo en algunos casos el acceso adecuado a los campos para retirar la producción.Y la segunda, una auditoría contable comprobó que el municipio no volcaba todo lo recaudado al mantenimiento de la red. La diferencia entre lo que ingresaba por la tasa y lo que efectivamente se invertía en los caminos fue del 22,95% en 2022 y escaló al 27,88% en 2023.

Frente a estas pruebas, la Justicia anuló por completo el cobro para una productora que directamente no tenía un acceso transitable, y ordenó recalcular a la baja los montos para el resto de los demandantes.

Más allá de la situación puntual de Daireaux, la resolución establece principios jurídicos fundamentales sobre cómo deben funcionar las tasas municipales:

  1. El Estado debe probar que cumple: La carga de la prueba recae sobre el municipio. No son los vecinos o productores quienes deben demostrar que los caminos están abandonados, sino la comuna la que tiene la obligación de acreditar que presta el servicio.
  2. Los fondos tienen destino específico: La Cámara rechazó el argumento de “unidad de caja” que suelen usar las intendencias para administrar el presupuesto con libertad. A diferencia de un impuesto, lo que se recauda por una tasa debe guardar una relación razonable con la inversión en el servicio que le da origen.
  3. La ordenanza no alcanza: Tener una norma aprobada por el Concejo Deliberante que habilite el cobro no es suficiente si en los hechos no se garantizan condiciones razonables de transitabilidad.

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Según explicaron fuentes judiciales consultadas por Monte al Día, el reclamo comenzó en 2022 ante los fuertes aumentos de la tasa y la falta de obras visibles, y llegó a los tribunales a fines de 2023 tras agotarse la vía administrativa. Para el letrado, esta sentencia respalda a los contribuyentes y sienta un precedente de peso para otros litigios similares en el interior bonaerense.

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Si bien el fallo de la Cámara quedó firme, la disputa judicial aún tiene un capítulo pendiente: tanto el Municipio de Daireaux como los productores presentaron recursos extraordinarios para intentar que el caso sea revisado por una instancia superior. Mientras tanto, el mensaje judicial ya resuena en las intendencias: cobrar sin brindar contraprestación dejó de tener respaldo legal.

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