Redacción de Monte al Día
La provincia de Buenos Aires promulgó una ley que autoriza a los 135 municipios a usar temporalmente los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural para financiar obras hidráulicas. La medida busca dar una respuesta rápida a la emergencia hídrica ante la llegada del fenómeno climático El Niño y compensar la frenada de la obra pública nacional.
Caminos, obras y tecnología: el campo de Monte exige participación en el uso de los fondos rurales
La norma permite a los intendentes redirigir hasta el 100% del dinero que reciben para mantener los caminos rurales hacia tareas de drenaje, limpieza de canales y compra de equipamiento. Sin embargo, como no se suman fondos nuevos sino que se redistribuyen los existentes, la decisión abre un debate sobre las prioridades del presupuesto provincial.
La iniciativa, impulsada en la Legislatura por el senador Sergio Vargas, le da a los gobiernos locales libertad para decidir cómo gastar esos recursos según las necesidades de cada zona. Esto genera dos posturas marcadas: Por un lado, los intendentes ganan margen de acción para hacer obras de prevención y evitar que los desbordes de agua afecten a los pueblos y a las zonas productivas. Por el otro, entidades como CARBAP y la Sociedad Rural Argentina advierten que quitarle presupuesto a los caminos rurales deteriorará la red vial, indispensable para sacar la producción del campo. Argumentan que las obras contra las inundaciones deberían financiarse con fondos extra y no a costa de la infraestructura vial.
La ley no obliga a reasignar los recursos, sino que deja la decisión final en manos de cada intendente, quienes deberán elegir entre mantener los caminos o prevenir inundaciones.
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