Redacción de Monte al Día
El endeudamiento de las familias en la provincia de Buenos Aires se posicionó en el centro del debate legislativo con la presentación de propuestas enfocadas en resguardar el patrimonio y la estabilidad económica de los hogares. A través de distintas comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado, se busca brindar asistencia y contención frente a situaciones financieras de vulnerabilidad.
Protección de la vivienda única ante ejecuciones hipotecarias
En la comisión de Reforma Política y del Estado de la Cámara de Diputados, conducida por la legisladora Ana Luz Balor, avanzó con dictamen favorable una propuesta presentada por la diputada Margarita Recalde (La Cámpora). El proyecto busca modificar el Código Procesal Civil y Comercial para sumar una herramienta de defensa en los procesos de ejecución hipotecaria.
La medida establece una instancia procesal para que la persona demandada pueda acreditar que la propiedad afectada constituye su único hogar y, a su vez, presentar un plan alternativo de pago. Esta etapa contempla una negociación supervisada por el juez interviniente con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre las partes y prevenir el remate del inmueble, un escenario recurrente entre quienes acuden a prestamistas informales por no acceder al sistema bancario tradicional.
No obstante, la iniciativa no cuenta con el consenso de todos los sectores. Desde la oposición, el titular del bloque PRO en Diputados, Alejandro Rabinovich, presentó un dictamen de rechazo argumentando que este cambio normativo podría distorsionar el mercado crediticio, encarecer el financiamiento y dificultar la obtención de futuros créditos para primeras viviendas.
Límite del 30% a las deducciones en sueldos estatales
Por su parte, en la Cámara Alta, el presidente de bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni, impulsó el Régimen Provincial de Protección del Ingreso, Prevención del Sobreendeudamiento y Reordenamiento Financiero de los Agentes Públicos. La iniciativa busca regular el impacto de los préstamos y cuotas que absorben gran parte de los ingresos mensuales de los trabajadores bonaerenses.
El eje central del proyecto dispone que los descuentos voluntarios aplicados sobre los haberes de la administración pública no superen el 30% de la remuneración neta. De este modo, se busca asegurar que el empleado disponga libremente de al menos el 70% de su salario y que, bajo ninguna circunstancia, el ingreso efectivo quede por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.
Para quienes ya registran un alto nivel de compromiso financiero, el texto propone un sistema voluntario de reordenamiento que permite consolidar deudas, extender plazos de pago y unificar cuotas bajo tasas más accesibles, ajustadas a la capacidad de pago del trabajador.
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