Redacción Monte al Día sobre la narración de Martín Iribarne
San Miguel del Monte, 1842. Aún era una población incipiente de la campaña bonaerense, erigida sobre la margen de la laguna, con casas de adobe, ranchos dispersos y las viviendas de los vecinos principales. En el centro se extendía la plaza, corazón de la vida comunitaria, donde se alzaban la iglesia, el juzgado y la maestranza. Allí persistía la memoria del antiguo fuerte, recuerdo vivo de la frontera.
Era el año 33 de la libertad, 27 de la independencia y 15 de la Confederación Argentina, bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas. La mañana del 2 de septiembre de 1842 rompió la rutina del pueblo: el juez de paz, Luis de la Roca, recibió el aviso de que el cura párroco, el presbítero Pedro Rodríguez, había sido asesinado.
Al llegar al lugar acompañado por vecinos, encontraron el cuerpo a pocos pasos de la sacristía, dentro del corralón de la iglesia. Yacía boca abajo, con una profunda herida en la nuca, cortes en el rostro, la ceja, la nariz y una mano destrozada, signo de que se había defendido hasta el final. Había sangre en las paredes y las puertas del corralón y la sacristía estaban abiertas.
No se trató de un acto improvisado. Se inició de inmediato un sumario —sin escribano, con el pueblo entero como testigo— en el que declararon cuarenta y una personas: hombres, mujeres y milicianos. Algunos firmaron, otros marcaron con una cruz. Entre rumores, sospechas y datos concretos, comenzaron a repetirse nombres y a encajar piezas.
Las reuniones en la casa de Eustaquio Canaveris aparecían una y otra vez. Allí, según las declaraciones, se habría sellado el acuerdo y el juramento de no delatarse. La noche del crimen, el cura había recibido visitas hasta cerca de las diez. Luego, el silencio. Los hombres ya estaban distribuidos: algunos vigilaban los alrededores de la iglesia; otros esperaban.
Cuando Rodríguez salió y se dirigía a su habitación, lo sorprendieron. Lo tomaron del cabello e intentaron degollarlo de pie, pero el corte se desvió y le cruzó el rostro. Herido, se defendió e intentó escapar hacia su cuarto, pero fue perseguido por el corralón, recibiendo golpes y cortes hasta caer. En el suelo lo degollaron definitivamente.
Después del asesinato, los atacantes entraron en la sacristía, se apoderaron de unos catorce mil pesos en dinero y no tomaron nada más. Regresaron a la casa de Canaveris, se lavaron, contaron el botín y discutieron su reparto, reforzando el pacto de silencio. Pero ese pacto no resistió.
Juan Manuel de Rosas.
Las declaraciones comenzaron a quebrarlo. Los acusados se contradijeron y se señalaron mutuamente en los careos. Incluso detenidos, alternaban discusiones con momentos de aparente normalidad. El expediente, con todas sus imperfecciones propias de la justicia de la campaña, avanzó lo suficiente.
En 1842, la justicia rosista en la frontera no se dilataba en trámites interminables. Se resolvía y se cumplía con celeridad implacable. La sentencia fue clara: los responsables del asesinato del presbítero Pedro Rodríguez eran Ezequiel Patrón, Eustaquio Canaveris, Pedro Suárez, José Galván, Esteban Almirón, Saturnino Fial y Víctor Lozano —siete hombres.
El 21 de diciembre de 1842, a las cinco de la tarde, en la plaza de la Guardia de San Miguel del Monte, se leyó públicamente la sentencia y los condenados fueron fusilados.
Pero el castigo no terminó allí. Inmediatamente después, se les cortaron las cabezas y las manos. Siete picas se levantaron en la plaza. Las cabezas quedaron expuestas y las manos colgando de ellas. Permanecieron así durante cuarenta y ocho horas, bajo vigilancia de centinelas, con la laguna al fondo. Cumplido el plazo, las picas fueron desmontadas, las cabezas y manos retiradas y, sin ceremonia ni registro formal, sepultadas junto a los cuerpos.
Iglesia de San Miguel del Monte.
Aquella imagen —las siete picas con cabezas y manos expuestas contra el horizonte de la laguna, los ranchos y la capilla recortados al fondo— transformó la plaza en un altar de escarmiento. No fue solo un castigo: fue una presencia carnal, física, que fijó la memoria del pueblo sin necesidad de palabras. Durante dos días, el horror convivió con la rutina diaria. La justicia dejó de ser un trámite para convertirse en una imagen que se miraba de frente.
En 1869, al trasladarse los restos del cura Rodríguez al nuevo templo parroquial, sus restos fueron colocados al pie del altar mayor. Una placa breve recuerda hoy su nombre: “Aquí descansan los restos del cura vicario de esta parroquia don Pedro Rodríguez. Murió violentamente el 2 de septiembre de 1842. R. I. P.”
Hoy el suelo de la plaza es otro y la vida sigue su curso en San Miguel del Monte. Pero aquel episodio sigue latiendo bajo la historia local. Las siete picas no solo marcaron el final de un crimen por robo; señalaron una época en la que la ley no se leía en papeles, sino que se imponía con crudeza visible, en la misma plaza donde todo sucedía.
Aquel pasado, convertido en relato, permanece como un recordatorio de cómo se administraba justicia en la campaña rosista: rápida, ejemplar y sin distancia entre la sentencia y su ejecución.
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