Redacción de Monte al Día
El bloque de concejales PRO Monte elevó un nuevo proyecto de ordenanza con el objetivo de regular la instalación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos dedicados al acopio, fraccionamiento y comercialización de carbón vegetal y leña en el Partido de Monte.
La iniciativa legislativa propone clasificar los comercios de este rubro en dos categorías principales. La Categoría A (Minorista) abarcará a los locales que venden al consumidor final en envases cerrados de hasta 10 kilogramos, permitiendo un acopio máximo simultáneo de 1.000 kilogramos. Por su parte, la Categoría B abarcará a los depósitos, plantas fraccionadoras y establecimientos mayoristas.
Entre sus fundamentos, el proyecto advierte que el almacenamiento inadecuado de estos materiales combustibles puede generar graves riesgos de incendio, problemas de salud por la dispersión de partículas y proliferación de plagas. Por ello, la normativa exige que los locales mantengan condiciones de orden y limpieza para reducir la presencia de roedores e insectos. También se establece que las áreas de acopio y embolsado cuenten con superficies estables y limpias que impidan el contacto de la mercadería con el suelo natural.
En materia de zonificación, los comercios mayoristas y depósitos (Categoría B) tendrán prohibida su instalación en zonas de uso exclusivamente residencial. Asimismo, se establecen medidas de seguridad contra incendios acordes al volumen de acopio y riesgo de cada lugar, quedando estrictamente prohibido encender fuego o utilizar artefactos de llama abierta dentro de las áreas de depósito o fraccionamiento.
Un aspecto central de la propuesta es la protección de las especies forestales nativas mediante el control de la trazabilidad y el origen legal de los productos comercializados.
Además, el proyecto pone especial atención en el control de especies exóticas invasoras, particularmente la acacia negra (Gleditsia triacanthos), la cual afecta el estado de los caminos rurales y otros espacios públicos. Para mitigar este problema, la ordenanza faculta al Departamento Ejecutivo municipal a celebrar convenios con personas físicas o jurídicas para la extracción, retiro y aprovechamiento de estos ejemplares, mejorando así la transitabilidad, la conservación de la red vial y la seguridad.
Puntos en contra y zonas de fricción
- Excesiva discrecionalidad del inspector: Para flexibilizar las exigencias a la Categoría A, el texto utiliza frases como “soluciones existentes equivalentes que aseguren higiene” o “medidas sencillas y proporcionales”. Esta falta de parámetros objetivos deja la habilitación sujeta al criterio personal del inspector de turno, abriendo la puerta a arbitrariedades o tratos desiguales.
- Plazo de adecuación exiguo: El proyecto otorga únicamente 90 días corridos para que los negocios que ya funcionan adapten su infraestructura. Exigir modificaciones edilicias, como separar físicamente las áreas de acopio de las viviendas, puede ser financieramente inviable para algunos comercios en un lapso tan corto.
- Complejidad en la fiscalización: Exigir la trazabilidad para diferenciar especies nativas de exóticas invasoras requiere que el personal municipal de inspección cuente con conocimientos forestales específicos para identificar la madera, una capacidad técnica que muchos municipios no tienen desarrollada.
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