Redacción de Monte al Día
En una resolución sin precedentes que marca un límite rotundo a la inacción escolar frente al acoso, el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue condenado a pagar una indemnización que supera los 20 millones de pesos a un joven que sufrió bullying sistemático durante su adolescencia. El fallo dictaminó que las autoridades del colegio no hicieron nada para protegerlo, llegando incluso a “invisibilizar” el calvario que vivía el alumno.
La histórica sentencia fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Mercedes. La medida recae directamente sobre la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) bonaerense, debido a los graves y reiterados episodios de violencia psicológica y física que el joven padeció mientras cursaba sus estudios en la Escuela Técnica “Mariano Moreno”, ubicada en la localidad de Chivilcoy.
Durante el proceso judicial, la defensa de la Provincia intentó minimizar el caso bajo el argumento de que se había tratado de “hechos aislados” y comunes entre adolescentes. Sin embargo, en un exhaustivo y contundente escrito de más de 40 páginas, la jueza a cargo destrozó esa postura. Apoyada en un robusto expediente con declaraciones de excompañeros, actas internas y peritajes médicos, la magistrada demostró que el chico sufrió un hostigamiento continuo y planificado por parte de sus pares.
“Estaban tomando mate”
Uno de los puntos más alarmantes y esclarecedores del juicio surgió de los testimonios de los propios excompañeros de la víctima. Los jóvenes relataron el desamparo institucional que sentían cuando intentaban pedir ayuda para frenar las agresiones. “No nos daban bola. A veces nos decían que estaban ocupados y estaban tomando mate“, confesó con crudeza uno de los testigos de la época.
Más grave aún fue la declaración de otro exalumno, quien aseguró ante la Justicia que algunos profesores del establecimiento no solo eran conscientes de las burlas, sino que activamente “estimulaban para que siguiera ese hostigamiento“, naturalizando o festejando las agresiones hacia el adolescente.
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Secuelas graves e inflación
Los informes médicos y psicológicos presentados en la causa determinaron que el acoso sistemático dejó secuelas profundas en la salud de la víctima: el joven desarrolló un cuadro severo de depresión y serias dificultades para interactuar socialmente en su vida adulta. Para la jueza, el componente más grave de toda la situación fue, precisamente, la decisión de la escuela de mirar hacia otro lado y ocultar el problema.
La condena económica se fijó específicamente bajo el concepto de “daño moral”. Aunque la suma original estipulaba un resarcimiento de aproximadamente 8 millones de pesos, la jueza consideró que el paso del tiempo no podía licuar el valor de la indemnización en un contexto de alta inflación.
Para lograr una reparación justa, la magistrada declaró inconstitucional el artículo 7° de la Ley de Convertibilidad —norma que prohíbe actualizar montos de deudas en pesos— y aplicó un índice de indexación por inflación. De esta manera, la cifra final que la Provincia deberá abonar al joven superó la barrera de los 20 millones de pesos, sentando un fuerte precedente judicial y económico para que las escuelas activen de forma urgente sus protocolos antibullying.
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