Desde el bloque que preside la Concejal Sandra Ferrandi se advirtió que “la problemática de la violencia laboral no se soluciona de manera automática, sino que es necesario demostrar la clara voluntad del Estado de erradicar este tipo de conductas”.
Además, advirtieron que “el presente proyecto no tiene otro propósito más que renovar el compromiso por la libertad y la dignidad de cada trabajador” municipal.
La iniciativa, actualmente en estudio de los Concejales, “tiene por objeto prevenir, controlar y erradicar la violencia laboral de la administración pública municipal tanto en el ámbito del DEM (Departamento Ejecutivo) como del HCD (Concejo Deliberante); como asimismo brindar la debida protección a las víctimas de conductas violentas, a los/as denunciantes y testigos de los actos que las configuren”.
Asimismo, se aclara que “a los fines de la aplicación de la presente Ordenanza se entiende por violencia laboral el accionar de los funcionarios y/o empleados públicos que valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas con su función incurran en conductas que atenten contra dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador o trabajadora, manifestando un abuso de poder llevado a cabo mediante amenaza, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, acoso, maltrato físico, psicológico y/o social, persecución y/o discriminación por razones políticas y/o sindicales”.
Maltrato psíquico y social
Y agrega: “se define con carácter enunciativo como maltrato psíquico y social a las siguientes acciones: a) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la dignidad humana. b) Asignar misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillar. c) Juzgar de manera ofensiva su desempeño en la organización. d) Cambiarlo de oficina, lugar habitual de trabajo con ánimo de separarlo de sus compañeros o colaboradores más cercanos. e) Bloquear constantemente sus iniciativas de interacción generando el aislamiento del mismo. f) Prohibir a los empleados que hablen con él o mantenerlos incomunicados, aislados. g) Encargar trabajo imposible de realizar. h) Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución de una actividad, u ocultar las herramientas necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. i) Promover el hostigamiento psicológico a manera de complot sobre un subordinado. j) Efectuar amenazas reiteradas de despido infundado. k) Privar al trabajador de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos”.
Bloque Juntos – Pro.
Fuentes legislativas y jurídicas consultadas por Monte al Día afirmaron que “el proyecto es interesante”, no obstante ello advirtieron que “existe legislación vigente, como la Ley 14.656, que determina y detalla actos y procesos administrativos, como así también las diferentes instancias a las que puede recurrir un empleado/a en caso de recibir una sanción”.
“(…) No crea nada que no exista hoy para atender y dar respuestas concretas a posibles casos (de violencia) que ocurran” en el municipio.
Además, señalaron que “hay que prestar especial atención a las facultades y atribuciones que tiene el Concejo Deliberante al momento de tratar proyectos que regulen relaciones laborales” y manifestaron que “un gran porcentaje de la ordenanza es declarativa”, es decir que “combate discursivamente la violencia laboral, pero no crea nada que no exista hoy para atender y dar respuestas concretas a posibles casos que ocurran” en el municipio.
Se propone crear una Comisión Permanente contra la violencia laboral.
A través del proyecto de Ordenanza, desde el Bloque de Juntos proponen como autoridad de aplicación la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Monte, quien – según la normativa en análisis – deberá conformar una Comisión Permanente contra la violencia laboral que estará integrada por tres representantes del gobierno municipal, un representante por bloque del Concejo Deliberante y un representante por cada sindicato de trabajadores municipales.
La propuesta del Pro determina que “el Estado municipal será responsable por las acciones de violencia laboral a que se vieran sujetos sus empleados por parte de superiores, terceros o de los empleados entre sí, cuando el acto de violencia laboral se hubiere efectuado con el conocimiento del titular o responsable de la jurisdicción de que se trate, o cuando se le hubiere notificado en forma fehaciente el hecho, y no hubiese adoptado las medidas necesarias para hacer cesar tal conducta”.
Si bien el proyecto podría contar con el respaldo de los bloques del Frente de Todos e incluso del oficialismo (UCR), habrá que esperar a la decisión que tome el Intendente José Castro al momento de su reglamentación, ya que la misma podría tener vetos parciales.
