Redacción de Monte al Día
El bloque de concejales PRO presentó ante el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza destinado a fortalecer la transparencia, la ética y la integridad en la administración pública local. La iniciativa busca establecer restricciones estrictas para el ingreso y la permanencia de personas en la función pública que cuenten con antecedentes penales.
El eje central de la propuesta radica en que no podrán ser candidatos a cargos electivos ni ocupar puestos políticos o jerárquicos quienes posean una condena penal confirmada en segunda instancia. De esta manera, el proyecto argumenta que se respeta el principio de inocencia y el debido proceso (el denominado “doble conforme”), al mismo tiempo que se resguarda el derecho de los ciudadanos a tener representantes transparentes.
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Sandra Ferrandi, presidenta bloque Pro.
Delitos comprendidos e inhabilidades
La prohibición de acceder a los cargos públicos alcanzará a personas condenadas por una amplia lista de delitos dolosos. Entre ellos se destacan de manera especial los delitos contra la Administración Pública, como:
- Cohecho y tráfico de influencias.
- Malversación de caudales públicos y peculado.
- Fraude en perjuicio de la administración pública.
- Enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
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Asimismo, el proyecto extiende la inhabilitación a quienes tengan condenas firmes o en segunda instancia por delitos de alta gravedad social, tales como narcotráfico, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, violencia de género y crímenes contra la vida y la libertad. Además, se penalizará con la misma restricción a quienes formen parte del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) de la Provincia de Buenos Aires, exceptuándolos únicamente cuando cancelen la totalidad de la deuda judicializada.
Blindaje a las áreas estratégicas del Municipio
El proyecto pone un foco riguroso en proteger aquellas dependencias municipales que manejan fondos públicos, recursos de la comunidad o información altamente sensible y datos personales. Bajo estos requisitos obligatorios de integridad se incluyen áreas específicas como:
- La Secretaría de Seguridad, el Centro de Monitoreo Municipal (C.O.M.), Defensa Civil y la Dirección de Tránsito.
- Tesorería, Contaduría, la Dirección de Compras y Contrataciones, y la Dirección de Recaudación.
- Recursos Humanos, Áreas de Sistemas e Informática, y el Juzgado de Faltas.
Cualquier persona que aspire a ingresar a estas áreas o a ocupar los cargos jerárquicos previstos deberá presentar de forma obligatoria una Declaración Jurada de Antecedentes Penales y Alimentarios, junto con las certificaciones correspondientes emitidas por el Registro Nacional de Reincidencia y el RDAM.
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Control permanente y sanciones
La Dirección de Recursos Humanos (o la autoridad competente que se designe) estará a cargo de fiscalizar estos requisitos antes de firmar cualquier contrato o designación, y podrá exigir actualizaciones periódicas de la documentación.
En caso de detectarse falsedad u ocultamiento en las declaraciones juradas, o si un funcionario resulta condenado en segunda instancia con posterioridad a asumir su función, la normativa establece la remoción inmediata del cargo o la rescisión del contrato.
Finalmente, el proyecto propone invitar a los organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas con participación municipal a adoptar estas mismas pautas de “Ficha Limpia” para unificar criterios en todo el entramado estatal de Monte.
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