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¿Qué es el “shutdown”? El plan de Milei para apagar el Estado si se gasta todo el presupuesto

El presidente adelantó que diseña un mecanismo de disciplina fiscal estricta inspirado en el modelo de Estados Unidos. Si los fondos asignados para el año se agotan, el Estado dejará de gastar y frenará su funcionamiento de forma automática.

Por Leo Lettieri para Monte al Día 

 

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno nacional trabaja en un proyecto de ley para implementar un sistema de “shutdown” (cierre o apagón estatal), una medida drástica que busca poner un límite definitivo al gasto público y garantizar el equilibrio fiscal.

El mandatario explicó que la política monetaria y el control de la emisión de dinero no son suficientes por sí solos, por lo que se necesita una herramienta legal que impida que el Estado gaste más de lo que tiene autorizado.

 

Milei y Caputo.

 

¿Cómo funcionaría el “shutdown” criollo?

La iniciativa toma como modelo el sistema que se aplica en los Estados Unidos. En términos sencillos, funciona como un interruptor automático:

  • Límite estricto: El Congreso aprueba un presupuesto con una cantidad fija de dinero para cada área del Estado.
  • El “apagón”: Si los fondos de ese presupuesto se terminan antes de que cierre el año, el Estado ya no podrá reasignar partidas ni emitir dinero para financiarse.
  • Freno administrativo: Al quedarse sin presupuesto, la gestión estatal se detiene de inmediato. “Cuando te agotas el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, sentenció el presidente de forma directa.

El espejo de Estados Unidos

En los Estados Unidos, el shutdown ocurre cuando el Congreso no logra ponerse de acuerdo para aprobar el presupuesto o extender el límite de la deuda pública.

Cuando esto pasa, el gobierno federal entra en una parálisis parcial: se suspenden todas las actividades que no sean esenciales, los empleados públicos estatales dejan de percibir sus sueldos temporalmente y cierran los parques nacionales, museos y oficinas de atención al público, manteniendo activos únicamente los servicios críticos como la seguridad nacional, las fronteras y la salud de emergencia.

Con este proyecto, el Gobierno busca enviar una señal contundente a los mercados y a los sectores políticos, estableciendo por ley que el superávit fiscal y el límite del gasto no son negociables.

 

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