Redacción de Monte al Día
Fuentes judiciales confirmaron a Monte al Día que el Cuerpo Médico Forense recibió y analizó el listado completo de fallecidos asociados al uso del fentanilo contaminado producido por los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo S.A. El resultado preliminar eleva a 111 el número de víctimas fatales confirmadas por la contaminación del opioide.
Según las fuentes allegadas al expediente, el trabajo pericial se realizó durante la Feria Judicial y abarcó un total de 159 casos vinculados al lote adulterado (principalmente el lote 31202). De ellos, 111 personas fallecieron y 48 sobrevivieron a las graves infecciones causadas por la contaminación bacteriana del medicamento.
El análisis forense, que incluyó la evaluación de muestras recibidas, fue descrito por una fuente cercana a la causa como “un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso”. Si el Cuerpo Médico Forense ratifica estos datos en su informe final, se espera que se agrave la situación procesal de los 14 imputados —entre procesados y detenidos— vinculados a la producción y distribución del fentanilo contaminado.
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Entre los principales acusados figura Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Ramallo S.A., quien está procesado con prisión preventiva. La Justicia lo considera coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales agravada por haber provocado la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud.
De acuerdo con el escrito judicial al que accedió este medio, García Furfaro intervino —junto a otros 16 miembros del plantel de ambos laboratorios— en “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” del lote 31202. Este opioide, destinado al uso público sanitario, había recibido orden de producción el 16 de diciembre de 2024.
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Las adulteraciones consistieron en la contaminación de la sustancia durante un proceso de fabricación con “múltiples falencias”, muchas de ellas críticas, pese a que existieron “pluralidad de alertas que no fueron atendidas”. La contaminación, provocada por bacterias, incrementó drásticamente el riesgo de muerte en pacientes que recibieron el medicamento en contextos hospitalarios, como terapias intensivas o intervenciones quirúrgicas.
La causa, a cargo del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, continúa avanzando con pericias en curso y la posibilidad de nuevas indagatorias en las próximas semanas. Este caso se considera uno de los mayores escándalos sanitarios en la historia reciente del país, con cientos de miles de ampollas afectadas y un impacto profundo en el sistema de salud público y privado.
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