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El Gobierno mantiene congelado el bono de $70.000 para jubilados

El bono previsional no se actualiza desde enero de 2024 y acumula una pérdida cercana al 180% por inflación.

Redacción de Monte al Día

 

El Gobierno nacional oficializó la continuidad del bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos correspondiente al mes de febrero de 2026. La medida, formalizada mediante el Decreto 65/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial, implica que el adicional se mantiene sin actualización desde enero de 2024.

En ese período, la inflación acumulada en Argentina se acerca al 180%, según estimaciones basadas en datos del INDEC y evolución de precios, lo que provoca una depreciación mensual constante de esta porción del ingreso para los beneficiarios de haberes más bajos.

La decisión oficial forma parte de las herramientas empleadas por la administración de Javier Milei para sostener el superávit fiscal, al evitar incrementos adicionales en el gasto previsional más allá del ajuste por movilidad.

 

 

Con el último aumento aplicado por la ANSES —correspondiente a la inflación de diciembre, que resultó en un incremento del 2,84%—, la jubilación mínima queda establecida en $359.219,42. Al sumarse el bono de $70.000 (que se abona en su totalidad a quienes perciben hasta ese haber mínimo), el ingreso total asciende a $429.219,42.

Sin embargo, la medida genera una disparidad en el incremento efectivo de bolsillo: los jubilados y pensionados con haberes por encima de la mínima reciben solo el 2,84% de aumento, mientras que aquellos con la jubilación mínima logran una mejora real de aproximadamente el 2,3%, ya que el bono fijo pierde peso relativo frente a la base ajustada.

De acuerdo con el decreto, el bono se otorga de forma completa a los titulares cuyos haberes previsionales sean menores o iguales al haber mínimo garantizado. Para quienes superen ese monto, el adicional consiste en la suma necesaria para alcanzar el tope resultante de sumar el haber mínimo más los $70.000 máximos, aplicándose de manera proporcional y decreciente hasta llegar a cero para ingresos superiores a ese umbral.

La medida impacta principalmente a más de un millón de adultos mayores de menores recursos y busca compensar —aunque de forma limitada y sin actualización— los efectos de la fórmula de movilidad vigente.

 

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